La responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) los proveedores de servicios de Internet (ISP) no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario de sus servicios siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o, si lo tuvieran, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Hasta la fecha, en España han habido varios pleitos que han versado sobre dicha responsabilidad entre los que destaca el que mantuvo la cadena de televisión Telecinco contra el portal de vídeos, actualmente propiedad de Google, Inc., YouTube. En este caso, el juzgado que conoció del asunto emitió una sentencia en la que exculpaba a la empresa de Google de cualquier responsabilidad derivada de alojar vídeos de programas pertenecientes a Telecinco, por considerar que YouTube no infringía los derechos de propiedad intelectual, pues se trata de un mero intermediario de servicios de alojamiento de contenidos y, por tanto, no puede ser obligado a controlar con carácter previo los vídeos subidos por los usuarios.

A nivel comunitario, el signo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el juicio que enfrentó a L’Oreal con eBay fue muy distinto. El Tribunal concluyó que eBay desempeña un papel activo que le permite adquirir un conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en su mercado y en virtud de lo anterior, el famoso portal de subastas no puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida por el derecho de la Unión, en determinadas condiciones, a favor de los prestadores de servicios en línea tales como los gestores de mercados en internet, pues un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión.

Como puede observarse, se trata pues de un debate jurídico intenso cuyo resultado no es, ni mucho menos, nítido, dependiendo de las circunstancias de cada caso o incluso de la instancia jurisdiccional que conozca del asunto.

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